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La plataforma por la variante de Ermua denuncia el incumplimiento de plazos en el proyecto de Urtia

«Debía aprobarse en primavera de 2025, pero el proyecto sigue en fase de consulta pública y pendiente de evaluación ambiental», critican

Infografía del proyecto de la variante

ERMUA | En noviembre de 2023, el anterior diputado  de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, presentó el cronograma de los proyectos pendientes para la finalización de la variante de Ermua. Se estimaba que el proyecto de la fase de Urtia estuviese aprobado en primavera de 2025, para poder preparar y licitar las obras de inmediato, con inicio previsto a finales de año.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de consulta pública hasta el 15 de octubre. Tras la conclusión de este plazo, será necesario analizar las cuestiones planteadas y aprobar la evaluación de impacto ambiental, que el promotor deberá incorporar al proyecto. Según los plazos previstos para estos trámites, la plataforma estima que el proyecto, inicialmente previsto para primavera de 2025, estaría aprobado «en el primer trimestre de 2026», a lo que habría que sumar los plazos de licitación de las obras. Por tanto, las obras no comenzarían en 2025, en contraste con lo anunciado por Pradales hace dos años.

Además, Carlos Alzaga, actual responsable del departamento, declaró en una entrevista publicada en Deia el 20 de julio de 2025 que, este año, se contará previsiblemente con la «copia cero» —es decir, la versión inicial— del proyecto. Sin embargo, señaló que «no puede garantizar que la licitación se realice el próximo año».

Dos acciones

Para aclarar la creciente incertidumbre, la plataforma ha emprendido dos acciones. En primer lugar, ha solicitado a la alcaldesa de Ermua, en el pleno de septiembre, que aclare las garantías existentes sobre el cumplimiento de los plazos. Tanto ella como los distintos grupos municipales han admitido que puede darse un retraso respecto a los plazos acordados. Por otro lado, en las últimas semanas, la plataforma ha planteado a los grupos municipales con representación en las Juntas Generales el registro de una serie de preguntas dirigidas a la Diputación Foral, a través de sus grupos junteros, con el objetivo de obtener la máxima información sobre el estado de las distintas fases del proyecto y la dotación presupuestaria.

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